El juez de distrito, Harry Leinenweber,
negó la apelación presentada el pasado 26 de septiembre por el
Gobierno, para que el bloqueo se aplicara solamente en Chicago, la
ciudad que presentó una demanda federal al considerar que el fiscal
federal Jeff Sessions excedió su autoridad al imponer nuevos estándares para la concesión de fondos.
Los abogados del Departamento de Justicia
argumentaron que era injusto castigar con un bloqueo general a más de
1.000 departamentos policiales que dependen de la subvención Edward
Byrne Memorial Justice.
Según la resolución del juez, la aplicación
de la ley sería “socavada” si se le permitiera a Sessions continuar su
conducta inconstitucional en el resto del país.
El magistrado había dictaminado, al fallar
en primera instancia, que Chicago podría sufrir un “daño irreparable” en
sus relaciones con la comunidad inmigrante si cumpliera con los nuevos
estándares del Departamento de Justicia.
El bloqueo continúa aplicándose en todo el país, donde hay 600 ciudades y condados que ofrecen santuario a los inmigrantes indocumentados, mientras se tramita otra apelación del Gobierno ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Chicago.
Tras saberse la noticia, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, festejó la “victoria” del fallo, pero dijo en un comunicado que “la batalla no ha terminado”.
“Esta es una victoria para Chicago y
todas las ciudades santuario del país, que no deben ser obligadas a
abandonar sus valores para obtener los fondos federales para seguridad
pública”, declaró.
El Departamento de Justicia anunció esta
semana que envió cartas al Departamento de Policía de Chicago y a la
Junta de Comisionados del Condado de Cook con una advertencia sobre la
violación de leyes federales de inmigración el año pasado, cuando
recibieron la subvención.
Las cartas dan un plazo hasta el 27 de
octubre para que prueben lo contrario, antes de que el Gobierno tome una
decisión final sobre el tema.
Sessions anunció en julio que se negarían
los fondos porque las ciudades santuario “no cumplen voluntariamente”
con la ley federal que obliga a los gobiernos locales a compartir con
las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las
personas bajo su custodia.
Según apuntó, esas ciudades limitan el
cumplimiento de las retenciones de indocumentados en las cárceles,
pedidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE),
no informan cuando un indocumentado está por ser liberado y prohíben
que las fuerzas policiales pregunten sobre el estatus migratorio de las
personas en encuentros rutinarios.
Al presentar la demanda, Emanuel, argumentó que los nuevos estándares obligaban a las autoridades locales a comunicar a ICE con 48 horas de anticipación la liberación de personas que fueran sospechosas de ser indocumentadas, un plazo considerado inconstitucional............Fuente:eldiariony.com/EFE
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