Dijo que esa situación ha aumentado a raíz del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, donde se les reclama a los foráneos una serie de requisitos para acogerse al programa y que, en el caso de los haitianos, “su propia embajada se los niega”.
Narró que hasta él llegó un caso de una madre que descubrió que su hijo fallecido no fue asentado como tal, y su cédula estaba en poder de un nacional haitiano, con la foto suplantada.
En ese sentido mostró su satisfacción por la decisión de la Junta Central Electoral (JCE), que admitió que se han registrado casos de mujeres que sin estar embarazadas facilitan sus cédulas a otras que sí lo están para que puedan dar a luz y registrar a sus hijos.
Explicó que le costaría mucho dinero y tiempo a la JCE poder anular esas documentaciones obtenidas de manera fraudulenta, ya que solo puede ser un tribunal el que anule un acta de nacimiento, después de ser expedida.
Dijo que muchas de esas mafias han sido desmanteladas pero que aparecen otras en diferentes lugares del país, debido a que es un negocio lucrativo, en donde se involucran dominicanos, extranjeros y hasta organizaciones No Gubernamentales (ONG), de las que luchan por los derechos de los haitianos que residen en el país.
“No es nada nuevo. Hay dominicanos que reciben una paga para declarar como suyo a un haitiano, a quien ni siquiera conocen”, apuntó el jurista.
Refirió que hay “oficinas” donde hacen el “paquete completo, y están en la vista de todos”.
Dijo que la situación se ha agravado en los últimos tiempos además por la debilidad del país, sobre todo en el registro de los libros en los hospitales, donde gran parte de estos están sometidos a proceso de reparación, y los documentos tienen que ser removidos.
“Yo me alegro y el país también de que la junta haya atendido esa denuncia, que solo está motivada a defender la soberanía nacional”, dijo.
En un comunicado remitido a Castillo Pantaleón, la entidad electoral reconoció las irregularidades y recomendó a todas las delegaciones que funcionan en los hospitales del país, instalar el Programa de Acceso al Registro Civil (PARC) y el Maestro de Cedulados, a fin de evitar las suplantaciones y otros actos fraudulentos con las parturientas.
El documento, bajo la firma de Hilario Espiñeira, secretario general de la JCE, también sugirió “instruir a los empleados de las Delegaciones de Oficialías la exigencia y presentación obligatoria del plástico original de la Cédula del declarante y parturienta, dadas las circunstancias de la falsificación de este documento, lo cual podrán comprobar la autenticidad de dicho documento”.
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