El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito
Nacional dictó 30 años de prisión contra Juan Carlos Zapata Mendoza,
alias Kiko 7, por el rapto y asesinato del joven Eddy Manuel Peña
Cabrera, en la provincia de San Cristóbal, el 24 de julio de 2017.
Los jueces Ingrid Fernández, Delio Germán y Raymundo Mejía
dispusieron que Zapata Mendoza cumpla la pena máxima en la
Penitenciaría Nacional La Victoria, además fue sentenciarlo al pago de
una indemnización de 10 millones de pesos a favor de las víctimas y 30
salarios de multas al Estado dominicano.
La Fiscalía del Distrito Nacional otorgó al caso la calificación
jurídica de asesinato, robo agravado y porte ilegal de arma de fuego,
delitos previstos y sancionados en los artículos 295, 296, 297, 302, 379
y 382 del Código Penal Dominicano, así como en los artículos 66 y 67 de
la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Durante el juicio de fondo, las fiscales litigantes Rosa Alba García y
Aleika Almonte, aportaron diversas pruebas que demostraron la
culpabilidad de Zapata Mendoza en el rapto y asesinato de Peña Cabrera,
una acción que produjo gran pesar y conmovió profundamente a todo el
país.
La acusación establece que el delito por el que Zapata Mendoza fue
condenado a prisión, ocurrió en horas de la mañana del indicado día,
cuando éste se presentó al establecimiento de rentar automóviles donde
laboraba la víctima Peña Cabrera, y una vez allí le encañonó, le amarró
las manos y lo introdujo en la yipeta propiedad del occiso, siendo esto
captado por las cámaras de seguridad de la zona.
Señala que el acusado se marchó con el joven rumbo a la provincia San
Cristóbal, donde lo asesinó, disparándole en el rostro con el arma de
fuego que portaba de manera ilegal. Luego de cometer el crimen, Zapata
Mendoza sustrajo la yipeta de la víctima y huyó a la ciudad de Santiago,
donde incineró y dejó abandonado el vehículo en un solar baldío,
conforme expusieron en audiencia las fiscales Rosa Alba García y Aleika
Almonte.
Las investigaciones del caso realizadas por el órgano persecutor, a
cargo del procurador fiscal investigador Miguel Crucey, arrojaron que el
móvil del suceso fue un conflicto que anteriormente se produjo entre el
padre de la víctima y el acusado, quien era su exempleado y había
cometido un robo en su perjuicio.......Fuente:listindiario.com
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