Las Fuerzas Armadas venezolanas ratificaron el miércoles su respaldo al
presidente Nicolás Maduro, un día después de que el mandatario anunciara
la detención de tres generales acusados de conspirar en contra el
gobierno.
Mientras, la diputada opositora María Corina Machado regresó al país
después de hablar en Washington ante la Organización de los Estados
Americanos, donde denunció violaciones de derechos humanos en Venezuela,
y encabezó una marcha junto con cientos de partidarios. El gobierno
había amenazado con retirarle el fuero parlamentario por haberse
presentado en la OEA bajo el resguardo de la delegación panameña.
Los militares emitieron un comunicado el miércoles jurando su respaldo a
Maduro, quien había denunciado un presunto complot golpista de tres
generales de la Aviación.
"Frente a estos hechos
la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana se mantiene monolítica", expresó la nota oficial del alto Mando Militar.
"Se presentó una situación con tres oficiales generales, se procedió
inmediatamente al ser detectados a tomar las acciones en el marco de
nuestra normativa legal", agregó el comunicado, según el cual los tres
uniformados quedaron en privación de libertad.
Maduro sorprendió la víspera con la información del arresto de los
militares de aviación durante un encuentro con una comisión de
cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que llegó a
Venezuela por dos días para intentar un diálogo entre el oficialismo y
la oposición, que llevan más de un mes de conflicto y enfrentamientos
violentos con un saldo de 32 muertos.
Ni el mandatario ni el alto mando ofrecieron detalles sobre el supuesto
golpe, los nombres de los involucrados ni otros detalles.
Durante una comparecencia televisada el martes por la noche, Maduro
acusó a Rocío San Miguel, directora de la ONG local Control Ciudadano,
de ser parte del presunto complot golpista y servir de enlace con la
oposición.
San Miguel en su cuenta de Twitter rechazó las acusaciones y aseguró que había sido amenazada la semana pasada.
En una entrevista telefónica con AP dijo que no tenía ninguna
información sobre la situación y tampoco especificó nombres de posibles
conspiradores.
Paralelamente, la diputada Machado arribó procedente de Lima, donde a
comienzos de la semana la sorprendió la noticia de que el líder
parlamentario, Diosdado Cabello, pidió retirarle su posición en la
Asamblea Nacional por haber aceptado el nombramiento de embajadora de
Panamá para poder hablar ante la OEA.
Según la Carta Magna los diputados no pueden aceptar cargos o representar a otros países sin permiso de la propia Asamblea.
Sin embargo muchos cuestionaron que el desafuero no haya pasado por el
Tribunal Supremo, donde la misma diputada ya tiene un proceso para que
se le quite la inmunidad.
Machado es acusada por el oficialismo de instigar la violencia que sacude a Venezuela.
"El señor Cabello dice que por el hecho de que yo como diputada en
ejercicio de mi deber y responsabilidad haya denunciado las violaciones
de los derechos humanos en Venezuela, me van a sacar a patadas", expresó
Machado en el acto convocado para recibirla en una plaza capitalina.
"Le contesto al señor Cabello", agregó Machado, "yo soy diputada porque
así lo quiere el pueblo de Venezuela, y así seguirá siendo".
El gobierno ya llevó a los tribunales y amenazó con más procesos a los
alcaldes que no acaten la orden de impedir las "guarimbas", como se
denomina a las barricadas opositoras.
El miércoles fue también el segundo y último día previsto para la visita
a Venezuela de los cancilleres de Unasur --entre ellos la colombiana
María Ángela Holguín, el ecuatoriano Ricardo Patiño y el boliviano David
Choquehuanca-- que viajaron a Caracas para impulsar un diálogo entre
gobierno y oposición.
Los ministros se entrevistaron martes y miércoles además de con Maduro
--de manera separada-- con líderes religiosos y sociales y con
opositores de una decena de partidos.
Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la organización
opositora Mesa de la Unidad Democrática dijo que además de plantearle su
visión se habló con los cancilleres de la posibilidad de encontrar un
mediador que facilite el diálogo con el gobierno, pero no quiso
especular si sería un país o una institución.
Los enfrentamientos dejaron también decenas de heridos y también se produjeron saqueos y quemas de instituciones públicas.
Desde febrero Venezuela se ha visto sacudida por las protestas de
universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la
galopante inflación —que alcanzó en febrero una tasa anualizada de
57,3%— el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Maduro afirma que las manifestaciones son parte de un plan de la
oposición para promover un golpe de Estado en coordinación con grupos
estadounidenses. Los opositores rechazan esas acusaciones.