Las Fuerzas Armadas venezolanas ratificaron el miércoles su respaldo al
presidente Nicolás Maduro, un día después de que el mandatario anunciara
la detención de tres generales acusados de conspirar en contra el
gobierno.
Mientras, la diputada opositora María Corina Machado regresó al país después de hablar en Washington ante la Organización de los Estados Americanos, donde denunció violaciones de derechos humanos en Venezuela, y encabezó una marcha junto con cientos de partidarios. El gobierno había amenazado con retirarle el fuero parlamentario por haberse presentado en la OEA bajo el resguardo de la delegación panameña.
Los militares emitieron un comunicado el miércoles jurando su respaldo a Maduro, quien había denunciado un presunto complot golpista de tres generales de la Aviación.
"Frente a estos hechos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene monolítica", expresó la nota oficial del alto Mando Militar.
"Se presentó una situación con tres oficiales generales, se procedió inmediatamente al ser detectados a tomar las acciones en el marco de nuestra normativa legal", agregó el comunicado, según el cual los tres uniformados quedaron en privación de libertad.
Maduro sorprendió la víspera con la información del arresto de los militares de aviación durante un encuentro con una comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que llegó a Venezuela por dos días para intentar un diálogo entre el oficialismo y la oposición, que llevan más de un mes de conflicto y enfrentamientos violentos con un saldo de 32 muertos.
Ni el mandatario ni el alto mando ofrecieron detalles sobre el supuesto golpe, los nombres de los involucrados ni otros detalles.
Durante una comparecencia televisada el martes por la noche, Maduro acusó a Rocío San Miguel, directora de la ONG local Control Ciudadano, de ser parte del presunto complot golpista y servir de enlace con la oposición.
San Miguel en su cuenta de Twitter rechazó las acusaciones y aseguró que había sido amenazada la semana pasada.
En una entrevista telefónica con AP dijo que no tenía ninguna información sobre la situación y tampoco especificó nombres de posibles conspiradores.
Paralelamente, la diputada Machado arribó procedente de Lima, donde a comienzos de la semana la sorprendió la noticia de que el líder parlamentario, Diosdado Cabello, pidió retirarle su posición en la Asamblea Nacional por haber aceptado el nombramiento de embajadora de Panamá para poder hablar ante la OEA.
Según la Carta Magna los diputados no pueden aceptar cargos o representar a otros países sin permiso de la propia Asamblea.
Sin embargo muchos cuestionaron que el desafuero no haya pasado por el Tribunal Supremo, donde la misma diputada ya tiene un proceso para que se le quite la inmunidad.
Machado es acusada por el oficialismo de instigar la violencia que sacude a Venezuela.
"El señor Cabello dice que por el hecho de que yo como diputada en ejercicio de mi deber y responsabilidad haya denunciado las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, me van a sacar a patadas", expresó Machado en el acto convocado para recibirla en una plaza capitalina.
"Le contesto al señor Cabello", agregó Machado, "yo soy diputada porque así lo quiere el pueblo de Venezuela, y así seguirá siendo".
El gobierno ya llevó a los tribunales y amenazó con más procesos a los alcaldes que no acaten la orden de impedir las "guarimbas", como se denomina a las barricadas opositoras.
El miércoles fue también el segundo y último día previsto para la visita a Venezuela de los cancilleres de Unasur --entre ellos la colombiana María Ángela Holguín, el ecuatoriano Ricardo Patiño y el boliviano David Choquehuanca-- que viajaron a Caracas para impulsar un diálogo entre gobierno y oposición.
Los ministros se entrevistaron martes y miércoles además de con Maduro --de manera separada-- con líderes religiosos y sociales y con opositores de una decena de partidos.
Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la organización opositora Mesa de la Unidad Democrática dijo que además de plantearle su visión se habló con los cancilleres de la posibilidad de encontrar un mediador que facilite el diálogo con el gobierno, pero no quiso especular si sería un país o una institución.
Los enfrentamientos dejaron también decenas de heridos y también se produjeron saqueos y quemas de instituciones públicas.
Desde febrero Venezuela se ha visto sacudida por las protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la galopante inflación —que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3%— el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Maduro afirma que las manifestaciones son parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado en coordinación con grupos estadounidenses. Los opositores rechazan esas acusaciones.
Mientras, la diputada opositora María Corina Machado regresó al país después de hablar en Washington ante la Organización de los Estados Americanos, donde denunció violaciones de derechos humanos en Venezuela, y encabezó una marcha junto con cientos de partidarios. El gobierno había amenazado con retirarle el fuero parlamentario por haberse presentado en la OEA bajo el resguardo de la delegación panameña.
Los militares emitieron un comunicado el miércoles jurando su respaldo a Maduro, quien había denunciado un presunto complot golpista de tres generales de la Aviación.
"Frente a estos hechos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene monolítica", expresó la nota oficial del alto Mando Militar.
"Se presentó una situación con tres oficiales generales, se procedió inmediatamente al ser detectados a tomar las acciones en el marco de nuestra normativa legal", agregó el comunicado, según el cual los tres uniformados quedaron en privación de libertad.
Maduro sorprendió la víspera con la información del arresto de los militares de aviación durante un encuentro con una comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que llegó a Venezuela por dos días para intentar un diálogo entre el oficialismo y la oposición, que llevan más de un mes de conflicto y enfrentamientos violentos con un saldo de 32 muertos.
Ni el mandatario ni el alto mando ofrecieron detalles sobre el supuesto golpe, los nombres de los involucrados ni otros detalles.
Durante una comparecencia televisada el martes por la noche, Maduro acusó a Rocío San Miguel, directora de la ONG local Control Ciudadano, de ser parte del presunto complot golpista y servir de enlace con la oposición.
San Miguel en su cuenta de Twitter rechazó las acusaciones y aseguró que había sido amenazada la semana pasada.
En una entrevista telefónica con AP dijo que no tenía ninguna información sobre la situación y tampoco especificó nombres de posibles conspiradores.
Paralelamente, la diputada Machado arribó procedente de Lima, donde a comienzos de la semana la sorprendió la noticia de que el líder parlamentario, Diosdado Cabello, pidió retirarle su posición en la Asamblea Nacional por haber aceptado el nombramiento de embajadora de Panamá para poder hablar ante la OEA.
Según la Carta Magna los diputados no pueden aceptar cargos o representar a otros países sin permiso de la propia Asamblea.
Sin embargo muchos cuestionaron que el desafuero no haya pasado por el Tribunal Supremo, donde la misma diputada ya tiene un proceso para que se le quite la inmunidad.
Machado es acusada por el oficialismo de instigar la violencia que sacude a Venezuela.
"El señor Cabello dice que por el hecho de que yo como diputada en ejercicio de mi deber y responsabilidad haya denunciado las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, me van a sacar a patadas", expresó Machado en el acto convocado para recibirla en una plaza capitalina.
"Le contesto al señor Cabello", agregó Machado, "yo soy diputada porque así lo quiere el pueblo de Venezuela, y así seguirá siendo".
El gobierno ya llevó a los tribunales y amenazó con más procesos a los alcaldes que no acaten la orden de impedir las "guarimbas", como se denomina a las barricadas opositoras.
El miércoles fue también el segundo y último día previsto para la visita a Venezuela de los cancilleres de Unasur --entre ellos la colombiana María Ángela Holguín, el ecuatoriano Ricardo Patiño y el boliviano David Choquehuanca-- que viajaron a Caracas para impulsar un diálogo entre gobierno y oposición.
Los ministros se entrevistaron martes y miércoles además de con Maduro --de manera separada-- con líderes religiosos y sociales y con opositores de una decena de partidos.
Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la organización opositora Mesa de la Unidad Democrática dijo que además de plantearle su visión se habló con los cancilleres de la posibilidad de encontrar un mediador que facilite el diálogo con el gobierno, pero no quiso especular si sería un país o una institución.
Los enfrentamientos dejaron también decenas de heridos y también se produjeron saqueos y quemas de instituciones públicas.
Desde febrero Venezuela se ha visto sacudida por las protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la galopante inflación —que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3%— el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Maduro afirma que las manifestaciones son parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado en coordinación con grupos estadounidenses. Los opositores rechazan esas acusaciones.
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