Las proyecciones de organismos internacionales y locales situaban el crecimiento de la economía dominicana entre el 5 y el 5,5 %, pero al final de estos últimos doce meses esos mismos indicadores estiman que será de alrededor del 4,5 %, similar al del año pasado.
Esta ralentización se debió, según autoridades locales, a factores externos como el zigzagueante panorama en la economía mundial y la incertidumbre generada por el período previo y postelectoral que vivió el país hasta agosto.
La factura petrolera se elevó a 3.572 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año, una subida de 127,4 millones con respecto a igual período de 2011, mientras que el subsidio al sector eléctrico pasó de los 300 millones presupuestados a 1.000 millones de dólares, según cifras del Banco Central.
Esas fuentes aseguran que el aporte del turismo, las zonas francas de exportación, las remesas y la inversión extranjera directa mantuvieron a flote la economía dominicana, destacando el primero de estos sectores con la llegada a la nación de unos cuatro millones de viajeros, que Medina se propone elevar a diez millones al término de su mandato de cuatro años.
Destaca también, aunque en menor medida, el aumento registrado en las exportaciones mineras, atribuidas al inicio de las operaciones de producción de oro de la multinacional canadiense Barrick Gold, así como del café.
El presidente Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, liberal), llegó al poder en los comicios de mayo tras obtener el 51,21 % de los votos frente al 46,95 del exmandatario Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD, socialdemócrata).
El primer presidente de profesión economista de República Dominicana generó muchas expectativas al llegar al Palacio Nacional, desde donde ha impuesto un estilo austero y mostrado empeño en cumplir sus promesas de campaña al aprobar medidas a favor de las pequeñas y medianas empresas, de la agricultura, turismo, educación, y ayuda a sectores afectados por desastres naturales.
Además, creó la ventanilla única de inversión (VUI), que reduce significativamente los trámites, dispuso un programa para otorgar títulos de propiedad a miles de usufructuarios de tierras estatales, además de un plan de alfabetización que pretende enseñar a leer y a escribir a más de 700.000 dominicanos en dos años.
Medina, no obstante, ha encontrado una activa oposición de sectores sociales y políticos tras impulsar la aprobación en el Congreso Nacional, de mayoría oficialista, de una reforma tributaria que amplía la base impositiva al consumo, grava los beneficios bancarios y los premios de lotería a partir de determinados montos, además de elevar los impuestos al tabaco.
La explicación del Gobierno es que el monto que espera recaudar con la reforma, unos 46.000 millones de pesos (1.150 millones de dólares), es necesario para poder impulsar el desarrollo el año próximo.
Sin embargo, el punto central de quienes protestan es el elevado déficit fiscal que el propio Gobierno dijo que encontró en las cuentas oficiales y que fue calculado en unos 187.000 millones de pesos (4.675 millones de dólares).
Las protestas, la mayoría de personas de clase media y media alta, exigen que el expresidente Leonel Fernández sea encausado por su presunta responsabilidad en el déficit, al igual que varios de sus más cercanos colaboradores a quienes acusan de haber "desfalcado" el erario público.
Fernández se ha defendido de las acusaciones y justificado el gasto.
El nuevo gobernante pidió al país al cumplirse los primeros 100 días de gestión un "poco de paciencia" de aquellos con "sobradas razones" para desconfiar de la clase política, y demandó la colaboración de los ciudadanos para construir un "gran futuro".
Un problema serio que también vivieron los dominicanos en 2012 ha sido la inseguridad causada por la delincuencia común, así como la cada vez más alarmante violencia contra la mujer, que ha despertado la conciencia general.
El Gobierno anunció al final de año que someterá a la desprestigiada Policía Nacional a una "profunda reforma" dirigida a convertirla en un ente capaz de hacer frente al delito con la firmeza y la capacidad de investigación necesarias, pero sin violentar los derechos humanos, como, según reiteradas denuncias, ha sido su práctica durante décadas.
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