NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU/AP.— Ocho residentes de
Nueva Jersey compartirán casi 300.000 dólares gracias a un arreglo
extrajudicial con las autoridades federales de inmigración porque fueron
víctimas de allanamientos sin una orden judicial, informaron los
abogados de los demandantes.
El grupo presentó en 2008 su caso contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) debido a varios allanamientos en las casas de los demandantes, todos antes del amanecer.
Los inconformes dijeron que los registros se efectuaron sin orden judicial y sin el consentimiento de los dueños de las viviendas.
La mayoría de los demandantes son inmigrantes legales. Uno de ellos, Ana Galindo, dijo que los agentes no le aceptaron la tarjeta de identificación de Nueva Jersey y le apuntaron con una pistola al hijo de ella, de nueve años.
Las autoridades del ICE no contestaron el lunes una llamada para conocer su opinión. El acuerdo extrajudicial se anunció el domingo.
Representaron a los demandantes las organizaciones Center for Constitutional Rights (Centro para los Derechos Constitucionales), The Civil Rights and Constitutional Litigation Clinic (Clínica de Derechos Civiles y Litigación Constitucional) de la Facultad de Leyes de la Universidad de Seton Hall y la organización Lowenstein Sandler.
El grupo presentó en 2008 su caso contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) debido a varios allanamientos en las casas de los demandantes, todos antes del amanecer.
Los inconformes dijeron que los registros se efectuaron sin orden judicial y sin el consentimiento de los dueños de las viviendas.
La mayoría de los demandantes son inmigrantes legales. Uno de ellos, Ana Galindo, dijo que los agentes no le aceptaron la tarjeta de identificación de Nueva Jersey y le apuntaron con una pistola al hijo de ella, de nueve años.
Las autoridades del ICE no contestaron el lunes una llamada para conocer su opinión. El acuerdo extrajudicial se anunció el domingo.
Representaron a los demandantes las organizaciones Center for Constitutional Rights (Centro para los Derechos Constitucionales), The Civil Rights and Constitutional Litigation Clinic (Clínica de Derechos Civiles y Litigación Constitucional) de la Facultad de Leyes de la Universidad de Seton Hall y la organización Lowenstein Sandler.
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