jueves, 2 de agosto de 2012

Acusan de extorsión juez de Montecristi.


SANTO DOMINGO/Almomento.net.- La Procuraduría General de la República sometió a un juez a un juicio disciplinario por ante el Consejo del Poder Judicial, por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones, al ser acusado de extorsionar a dos empresas para favorecerlas con sentencias.
La acusación contra el juez César Mortimer Sánchez de los Santos, de la Corte de Apelación del departamento judicial de Montecristi, fue presentada por el procurador adjunto, Ramón Arístides Madera Arias.
El ministerio público sometió al juez luego de recibir sendas denuncias de la magistrada Arleny Miguelina Cabral Then, presidenta de la Corte de Apelación de Montecristi, y de Álvaro Morales Rivas, abogado de la empresa Marítima Dominicana S.A.
El juez Sánchez de los Santos fue acusado por la presidenta de la Corte de Apelación de extorsionar a la compañía Montecristi Cablevisión CxA, con la suma de 100 mil pesos, con el objetivo de favorecerle con una sentencia, pero cuando fue fallado en contra, supuestamente no le devolvió el dinero.
La denuncia fue presentada el primero de diciembre del 2010 y ampliada el 20 de enero del 2011.
Mientras que el abogado Morales Rivas sometió su denuncia el 15 de diciembre del 2010, alegando que el magistrado le solicitó dinero vía telefónica a través de una tercera persona que se identificó como Bartolo Ramírez para favorecer con un fallo a la empresa Marítima Dominicana S.A., pero que al no dejarse extorsionar le falló en contra.
Expediente
El magistrado está acusado también de pretender adquirir un vehículo costoso, sin justificar la procedencia del dinero para su compra; obtener préstamos personales con entidades bancarias, sin informarlo a la Suprema Corte de Justicia; conocer dos expedientes del Banco de Reservas, teniendo compromisos con esa institución bancaria; presentar varias licencias médicas innecesarias, entre otras irregularidades. El acta de acusación dice que investigaciones realizadas por inspectores de la Suprema evidencian que el magistrado incurrió en faltas graves en sus funciones.

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