Sólo siete hombres, de entre otros, lograron amasar una inmensa fortuna en el país, aún no cuantificada en su totalidad, en bienes y dinero provenientes de la venta de drogas. Una relación de estas propiedades ofrecida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con más de 300 incautadas, revela el gran patrimonio y poder económico de los narcotraficantes, con la característica de que la mayoría de las propiedades fueron registradas a nombre de terceros, a través de la redes de lavado de activo.
El precio de todos los bienes no ha sido estimado por la DNCD, pero para tener una idea, 191 están valorados en RD$2,260,829,591.
El presidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, dijo que en los dos últimos años esa agencia incautó bienes por más de 10 mil millones de pesos.
A siete narcos, las autoridades les incautaron 276 millones de pesos en efectivo que están depositados en cuentas especiales, en pesos, dólares y euros que maneja la DNCD. La mayor parte es de la red de Figueroa Agosto. Unos bienes están bajo la guarda de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados (OCABID) y otros en la Procuraduría.
Más depósitos
La OCABID maneja una cuenta bancaria que tiene 5 millones de pesos. Mientras que la Oficina de Control de Evidencias de la Fiscalía del Distrito Nacional guardaba en otra 4 millones 326,800 pesos y 940 euros, incautados a Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo), pero fueron entregados al Comité Contra Lavado de Activos.
Desde helicópteros, botes, cabañas, estaciones de combustibles, rent car, financieras, fincas, lujosos apartamentos y residencias, casas club, torres, club gallístico, locales y plazas comerciales, vehículos de lujo, hasta armas de fuego, relojes y celulares, están contenidos de una lista de bienes embargados, localizados en todo el país.
Bajo la guarda de la OCABID hay 156 propiedades, que incluyen confiscaciones realizadas a partir del 2005, tales como los bienes decomisados a Quirino Ernesto Paulino Castillo, preso en Estados Unudos.
Laureano Guerrero, director de la OCABID, declaró que el dinero depositado en una cuenta de esa institución aumentó significativamente en el último año y medio. Antes sólo tenía medio millón de pesos en depósito.
Estos fondos reportan intereses mensuales de RD$60,000, pero no pueden ser usados, igual que el capital, hasta que intervenga una sentencia definitiva.
“Antes no pagaban alquileres; los tenían oficiales y dirigentes políticos, porque se manejaba con criterio político y de amiguismo”, dijo Guerrero.
Investigaciones
El coronel Julio César Souffront, director del Departamento de Investigación Financiera de la DNCD, valoró como “cuantiosas” las riquezas que han acumulado los narcos.
En el 98% de los casos, la DNCD reacciona ante un hallazgo de droga, punto de referencia para ubicar los bienes que pertenecen al propietario de la sustancia ilícita. En el resto de los casos, reaccionan por una denuncia o por reportes del sistema financiero.
Los bancos están en la obligación de reportar a la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra Lavado de Activos cualquier transacción por encima de los 10 mil dólares, o su equivalente en pesos, o cualquiera que le parezca sospechosa, cosa que no ocurre con frecuencia. Según Souffront, La DNCD ha determinado que en los bancos ha sido dpositado dinero por ese monto, sin ser reportado. No obstante, reconoció que la Unidad de Análisis Financiero del Comité Contra el Lavado de Activos tampoco cumple con su papel de analizar esos reportes y pasarlos al ministerio público y a la DNCD, para investigación.
Una tarea compleja
Identificar los bienes en manos de terceros es una tarea compleja. “Parecería muy sencilla la solución, pero no”, enfatiza Souffront. Los testaferros se involucran con el interés de ganar cierta suma de dinero. Y entienden, subraya Souffront, “que nadie les puede demostrar que tenían conocimiento de la actividad ilícita”.
La devolución de los bienes a narcos pedidos en extradición, o cuando el bien está a nombre de terceros son dificultades pendientes de vencer. “Tenemos escollos, barreras procesales y técnicas que no hemos podido superar”, reconoce Souffront.
Pone a modo de ejemplo el caso “Toño Leña”, quien tenía pocas propiedades a su nombre, pero las autoridades de la DNCD dicen que aquellas reclamadas por sus familiares fueron obtenidas con dinero del narcotraficante, ahora en proceso de extradición por una solicitud de Estados Unidos.
“Una cosa es saber, otra es la realidad, y otra, un poco más difícil, es poder demostrarlo”, sostiene, tras admitir que existen deficiencias en la investigación, atribuidas a la falta de recursos económicos y de cohesión de los actores.
“Hasta que no nos pongamos de acuerdo en el punto operacional, no avanzaremos lo suficiente”, dijo.
Distorsión de la ley
Según el director de la OCABID, el 90% de los bienes incautados en los últimos años los administra la Procuraduría, que en su opinión constituye una distorsión de la ley. “Hay una desorganización, un desorden”, afirma Guerrero.
Propone aplicar el Plan Vidal, puesto en marcha en otras naciones, para que se otorgue a un organismo especializado la administración de esos bienes.
Funcionarios mantienen criterios encontrados sobre la administración de los bienes confiscados. El ministerio público retiene bienes, basado en la ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público.
La ley 72-02 sobre Lavado de Activo asigna esas funciones a la OCABID. Mabel Feliz, presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND), sostiene que una ley especial no deroga la otra si no lo dice expresamente, por lo que considera que la OCABID es la facultada legalmente.
Souffront dice que la Procuraduría no debe administrar bienes incautados, aunque ve legítima su preocupación, alegando que antes no hubo manejo adecuado y que todavía hay cosas que corregir.
“El ministerio público reacciona de manera legítima, pero no enfocada a su función; no está para administrar, porque estaría en contra de su naturaleza”, explica.
“Hasta que no nos pongamos de acuerdo en el punto operacional, para mí la lucha se está perdiendo ahí, no estamos avanzando lo suficientemente por eso, estamos dando pasos dispersos y no podemos permitir que en este tipo penal los temas se polaricen”, advirtió el coronel Julio César Souffront.
PARTE DE LOS BIENES INCAUTADOS A NARCOSFigueroa Agosto tenía 58 bienes valorados en RD$152,146,712.47 pesos.
Incluye 20 inmuebles (residencias, apartamentos, fincas, locales comerciales, villas), 10 muebles (carros, yipetas, vehículos), 28 relojes y 10 armas de fuego.
Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña): 20 bienes, valorados en 99 millones de pesos, pero un tribunal de La Romana ordenó la devolución porque fueron reclamados por familiares que tenían los títulos de propiedad.
Hermanos Benitez: 36 bienes que aún no han sido valorados por la DNCD; entre ellos un helicóptero y 20 embarcaciones de diferentes tipos.
Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo): un Jeep marca VMW, modelo X6, blanco, siete celulares de diferentes marcas, nueve cheep, cuatro baterías para celulares y un audífono para móvil.
Otros bienes y dinero, detectados por las autoridades, en poder de El Gringo: 940 euros y 4 millones 326,800 pesos.
Todos esos objetos y el dinero en efectivo están bajo la responsabilidad de la Oficina de Control de Evidencias de la Fiscalía.
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