jueves, 28 de abril de 2011

Dominicanos sufren por racismo en Puerto Rico.

El Diario NY
San Juan/INS -La crisis económica que enfrenta Puerto Rico ha acrecentado la discriminación y el racismo en contra de los cerca de 200 mil dominicanos que residen en la isla y que sufren desde palizas, violación de derechos y hasta la muerte por situaciones en que las autoridades se muestran indiferentes o pasivas.

La presidenta del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, aseveró que tanto las autoridades estadounidenses en la isla como las estatales violan constantemente los derechos de los inmigrantes dominicanos.

Como ejemplo de la discriminación y el racismo hacia la comunidad dominicana, mencionó que el Departamento de la Familia niega el derecho que tienen las inmigrantes dominicanas a recibir los servicios que ofrece esa agencia y los funcionarios se muestran indiferentes a las situaciones que enfrentan debido al prejuicio.

En un foro titulado “La comunidad dominicana y los crímenes de odio”, celebrado anoche en el Colegio de Abogados, Grullón precisó que los niños de inmigrantes nacidos en Puerto Rico, aunque sean hijos de residentes ilegales, tienen el mismo derecho que otros a recibir las ayudas que ofrece el Departamento de la Familia.

Pese a este derecho, advirtió que en ocasiones el personal de la agencia colabora en las deportaciones y justifica la custodia de los niños, que en muchos de los casos son hijos de padres puertorriqueños.

La misma situación se asume en los departamentos de Salud y de Educación, aseguró Grullón.

La presidenta del Centro de la Mujer Dominicana expuso que en el caso del Departamento de Salud, se niega a ofrecer servicios a las inmigrantes indocumentadas y a otras mujeres por no tener la Reforma de Salud, “en franca violación a los derechos humanos”.

En el caso de la violencia doméstica en contra de las inmigrantes que están ilegalmente en Puerto Rico, manifestó que tiene la particularidad de que están condicionadas por su estatus migratorio y no pueden acudir ante las autoridades para presentar una denuncia.

Grullón señaló que ocho de cada diez mujeres que acuden en busca de ayuda al Centro están en la isla de manera irregular, lo que las hace más vulnerables con el abusador y el sistema, ya que las amenazan con llamar al Servicio de Inmigración.

“Están desprovistas de la Ley 54 (de violencia doméstica), las deportan y dejan a sus hijos en la isla, en franca violación a sus derechos, se les violan sus derechos de diferentes formas”, precisó.

Indicó que a otras, por la naturaleza de su estatus, se les niega el derecho a vacaciones, a los aumentos salariales y no pueden acudir al Departamento del Trabajo, “porque allí no les hacen caso. Es parte de la homofobia y la violación a sus derechos”.

"La situación en Puerto Rico es tan crítica que la violación a los derechos humanos es bien marcada", declaró Grullón, que llamó a sus compatriotas a la unidad para enfrentar el prejuicio y la discriminación que existe en la isla en su contra, así como para que no sean utilizados sólo cuando se inician las campañas de los distintos partidos políticos puertorriqueños.

Al respecto, opinó que “no nos respetan, nos tildan de brutos y no exigimos nuestros derechos. Donde quiera que estemos debemos hacer patria. Nadie ha reconocido el trabajo del centro, ni las autoridades dominicanas (en Puerto Rico), debemos organizarnos porque esta es nuestra patria, tenemos que unirnos contra el racismo, el discrimen la xenofobia y el abuso”.

La especialista afirmó que ocho o nueve de cada diez dominicanos en Puerto Rico han sido discriminados y se ve el rechazo y el prejuicio en los bancos e instituciones donde acuden, donde los empleados muestran su desaprobación con gestos.

La abogada Ada Conde, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos, coincidió con Grullón y aseguró que a pesar de que ha quedado evidenciada la discriminación y el odio contra la comunidad dominicana en la isla, actualmente la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) no posee estadísticas del tema.

"No hay ni una estadísticas del delito de prejuicio", manifestó Conde, quien recordó que la agresión de la que fue objeto la transexual Francheska González Vázquez no fue calificada de “odio”, a pesar de los epítetos usados en su contra.

Sostuvo que otras situaciones que enfrenta los dominicanos residentes en la isla son el hostigamiento, incluso el verbal y la omisión en el cumplimiento del deber de los funcionarios del orden público, que incluso llegan al extremo de que los policías no toman querellas.

“El abuso policíaco también es un crimen de odio y los arrestos falsos por el hecho de ser dominicanos. Otra modalidad es el acoso escolar", relató la abogada.

Conde dijo que ha observado en sala de tribunales cuando alguaciles se ríen cuando un dominicano trata de expresarse en la sala, y son apoyados por jueces, que se hacen cómplices por no llaman al orden.

De otro lado, Esteban Reyes, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, denunció la sistemática violaciones a las que son sometidos sus compatriotas y citó como ejemplo el caso de los residentes de Villas del Sol, en Toa Baja.

Reyes dijo que esas personas “se les violaron los derechos más fundamentales”, observaron actos de discriminación, como el racial, y se les negó el derecho a los niños y mujeres a tener vivienda, servicio de luz y, al más elemental, el de agua.

Además, recordó, como parte de las persecuciones en contra de los inmigrantes dominicanos, la muerte a manos de la Policía de Rafael Herrera en 1997 y Delbis Rodríguez Bretón, acusado de un asesinato que presuntamente no cometió y por el que fue sentenciado a 171 años de cárcel.

Reyes dijo que cuando denunciaron el caso y se apeló la sentencia, Rodríguez Bretón fue encontrado muerto en la cárcel supuestamente tras haber consumido sustancias controladas.

Otros casos citados fue el de Franklin Cáceres, que fue arrestado por la Policía, esposado y lanzado desde un segundo piso y no se le permitió asistencia médica; y de Alcibíades Islan Vázquez, que murió en el dispensario Belaval en Barrio Obrero y que no recibió asistencia supuestamente por su origen.

También se suma el de Benito Aquino, a quien al enterarse de su procedencia le exigieron la tarjeta de salud en el dispensario Hoare, en Santurce, y a pesar de que ofreció pagar en efectivo, murió poco después de un infarto.

Reyes también mencionó el caso de dos dominicanos lanzados al mar en la bahía de San Juan desde un barco, y aunque las autoridades federales y estatales no hicieron nada por supuesta falta de jurisdicción, los tripulantes fueron encarcelados al llegar a República Dominicana.

Otros casos son los de Joel Félix y Fernando Pérez González, quienes fueron objeto de una paliza por agentes de la Policía.

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