Zaira Cortés/EDLPNueva York — Nada peor para un inmigrante indocumentado que ser víctima de un crimen, de una agresión física. El dilema es claro: Si hago una denuncia ante la policía, me deportan… y si no lo hago, me condeno a vivir preso del pánico, sintiendo el peso del desamparo y vulnerable a un nuevo ataque.
Pero la historia no tiene que ser así. Es posible encontrar justicia.
Un testimonio real es el del inmigrante ecuatoriano Carlos Orellana, quien acaba de recibir la Visa U, tras haber denunciado a sus agresores, quienes fueron los mismos que asesinaron al inmigrante Marcelo Lucero. Gracias a su testimonio y colaboración con la Fiscalía del Distrito de Suffolk, las autoridades pudieron radicar cargos contra los asesinos.
La historia se remonta al 14 de julio de 2009, cuando Orellana, trabajador de la construcción, se dirigía a su hogar en la ciudad de Patchogue, Long Island. En el trayecto fue atacado por una decena de adolescentes que iban en bicicletas. Los jóvenes lo derribaron y le propinaron patadas mientras le gritaban: “Regresa a México, regresa a México”.
Orellana perdió el conocimiento, pero cuando volvió en si, descubrió que le habían robado sus zapatos y $20.
Acudió a la Policía y explicó que reconoció a algunos de los adolescentes, quienes acostumbraban reunirse en la calle principal. Pero en ese momento, la policía clasificó el caso como un robo en segundo grado y nadie fue arrestado. Incluso, ningún agente vinculó su caso al ocurrido en noviembre de 2008, cuando el inmigrante Lucero había sido asaltado en la misma zona, de manera similar. Murió por las heridas que le causaron y luego de que Jeffrey Conroy lo apuñalara en el pecho.
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