Por Oscar Quezada/Elcaribe.com La Policía de Puerto Rico será sometida a un proceso de reforma que estaría monitoreado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, decisión que se produce tras la denuncia de violación a los derechos civiles en la isla.
Esta información fue publicada como nota principal en la edición de ayer del periódico boricua El Nuevo Día, que señala que la disposición de transformar la Policía de Puerto Rico (PPR) podría incluir el nombramiento de un monitor federal. Para concretizar estos planes, el Departamento de Justicia estadounidense se apresta a someter una demanda civil en el Tribunal Federal de San Juan que regularía ese eventual proceso de reforma policial.
El Nuevo Día reseña que no se ha definido aun si el gobierno de la isla aceptará las exigencias de la Justicia Federal o si el proceso será meramente contencioso. Apunta que el jefe de la División de Derechos Civiles de Justicia Federal, Thomas Pérez, y el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, sostuvieron una reunión de trabajo donde trataron la posible demanda para normar el proceso de reforma a la Policía borinqueña.
En las recomendaciones que hace el Departamento de Justicia para mejorar la actuación de la PPR figura la evaluación del personal y la eliminación de los agentes cualificados. Señala que ese cuerpo policial debería asumir un plan para remover a los agentes corruptos.
Sugiere que los agentes documenten por escrito las detenciones investigativas y los arrestos, incluso con detalles descriptivos.
Plazo para la PPR
El Departamento de Justicia sugiere que en un plazo de doce meses la PPR “debería revisar el historial de disciplina, adiestramiento y desempeño de cada agente, utilizando un criterio objetivo con la meta de determinar cuáles agentes deberían ser removidos de la PPR”, señala el informe, del que El Caribe conserva copia.
Indica que el gobierno debe implementar una política policial exhaustiva sobre el uso de la fuerza utilizada por los agentes, de tal forma que sea la razonablemente necesaria y de conformidad con los derechos federales protegidos de las personas. “La PPR debe garantizar que los registros e incautaciones, incluyendo las detenciones investigativas y arrestos, sean de conformidad con los derechos, privilegios o inmunidades garantizados por la Constitución”, dice el informe.
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